Esta red, según las investigaciones, presuntamente trabajaba de la mano con una mafia de abogados, quienes buscaban arreglar fallos, manipular expedientes o congelar decisiones a cambio del pago de millonarias sumas de dinero para salvar la investidura de gobernadores, alcaldes y otros políticos, entre otros temas que estaban siendo tramitados en el Consejo de Estado.

 

La investigación se inició hace más de dos años, y en noviembre pasado la justicia condenó a 4 años de prisión a Carlos Fernández, auxiliar de la sección quinta del Consejo de Estado, acusado de ser uno de los principales eslabones de esta red criminal.

 

Pero las investigaciones continuaron y ahora, tanto la Procuraduría como la Fiscalía se alistan a tomar nuevas decisiones que comprometen a por lo menos otros tres funcionarios de la rama judicial y unos cinco particulares, entre ellos algunos abogados, con base en  cientos de horas de interceptaciones  que pudo obtener el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía.

 

Entre las grabaciones, que fueron obtenidas de manera legal y hacen parte del expediente, a las cuales tuvo acceso LA F.m., aparece una conversación entre Edilberto Casas, funcionario de la sección primera del Consejo de Estado y el abogado Javier Socarraz, quien apareció mencionado en el escándalo de la Yidispolítica por supuestamente haber tramitado algunas notarías.

 

En criterio de los investigadores, en la grabación  estarían hablando de la negociación para el pago de unos 100 millones de pesos por obtener el concepto de un procurador delegado.

 

En una conversación, el funcionario del Consejo de Estado habla con el abogado nuevamente del mismo tema y aseguran que "eso no está fácil, pero lo pueden sacar adelante"  y hablan de ir cuadrando los "honorarios" de los abogados.

 

En otra de las grabaciones, reveladas por LA F.m.,  hablan dos hombres, uno llamado "José" y otro a quien le dicen pachito, sobre el cobro de 15 millones de pesos por una "t" , para los investigadores del CTI de la Fiscalía,  es claro que se trataba de una tutela.

 

Una de las cintas que más ha llamado la atención de los investigadores es una conversación entre Samuel Cárdenas, funcionario del Consejo de Estado, donde le cuenta a su interlocutor la preocupación que tiene porque ya tenían "casi listo un proceso", pero se les atravesó la magistrada de la sección tercera Ruth Stella Correa y sin ningún reparo hablan de la necesidad de buscar un mecanismo para bloquearla. 

 

En otra grabación, aparecen otra vez Edilberto Casas, de la sección primera del Consejo de Estado con Socarraz donde el funcionario alerta al abogado sobre la presencia de un asesor del senador Hernán Andrade, quien estaría averiguando sobre un expediente. 

 

Los dos hablan sobre la necesidad de un encuentro urgente porque es muy peligroso hablar de estos temas a través de sus teléfonos.

 

Para los investigadores aún existen muchas dudas sobre el comportamiento y la responsabilidad que podría tener en esta investigación la funcionaria de la Procuraduría Esmeralda Muñoz, a quien el Ministerio Público le formuló en diciembre pasado pliego de cargos junto con otros tres funcionarios del Consejo de Estado.

 

Precisamente en una de las grabaciones interceptadas aparece la mujer hablando con un hombre y contándole sobre el escándalo en donde aparecía mencionada y la preocupación que tenía porque su nombre había salido a la luz pública. Además asegura que está buscando la ayuda de una procuradora delegada.

 

Momentos después, la funcionaria Esmeralda Muñoz habla con un amigo y le explica que está en un "tremendo enredo" por una persona que conoce del Consejo de Estado y asegura que la sancionaron por tres meses, pero insiste en que está buscando ayuda con el Procurador. 

 

En una nueva grabación la funcionaria de la Procuraduría habla con el abogado Javier Socarraz sobre la sanción que le impuso el Ministerio Público, sobre su amistad con él, y le dice que lo mejor es que ni siquiera hablen porque seguramente van a grabar sus llamadas telefónicas.

 

En otra de las grabaciones de la Fiscalía aparece también Esmeralda Muñoz hablando con una mujer sobre el llamado plan zona centro en Bogotá donde al parecer hablan sobre la necesidad de comprar una propiedad donde participaría la funcionaria.

 

Los investigadores lograron comprobar que el  inmueble fue ofrecido para adelantar una transacción de compra venta para obtener millonarias ganancias sobre un predio que hoy día es catalogado como patrimonio histórico.

 

Lo cierto es que la Fiscalía y la Procuraduría siguen analizando todas las grabaciones que han sido obtenidas durante meses de manera lícita y que ahora hacen parte de uno de los expedientes más grandes sobre corrupción administrativa que conduce la unidad nacional anticorrupción y la Procuraduría general.

 

De acuerdo con las autoridades y las grabaciones obtenidas, esta red habría llegado a tener incidencia en decisiones que habrían llegado hasta regiones como la Guajira, Casanare, Arauca, Córdoba y Bolívar.