En el informe de DDHH del Departamento de Estado criticó el escándalo "de corrupción con impunidad", por el uso inapropiado del programa  Agro Ingreso Seguro, que implicó al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y a otros funcionarios de esa cartera.

 

Las investigaciones sobre el caso, en el que presuntamente la campaña de Arias recibió aportaciones económicas de personas y empresas favorecidas con el polémico programa gubernamental, continuaron a finales del año, según el informe.

Se trata de la primera vez que el departamento de Estado se pronuncia en un informe oficial sobre lo que se convirtió en el mayor escándalo político en el país el año pasado.

Según el informe, los abusos "significativos" de los derechos humanos en 2009 incluyeron asesinatos "ilegales y extrajudiciales", y la colaboración de algunos elementos militares con nuevos grupos armados ilegales y paramilitares que se negaron a desmovilizarse.

Agregó que hubo desapariciones forzosas, condiciones de hacinamiento e inseguridad en las prisiones, tortura y mal trato de detenidos, arrestos arbitrarios y un alto número de detenidos que, antes de su juicio, compartieron celda con presos ya convictos.

También hubo impunidad y un deficiente sistema judicial "sujeto a intimidaciones", además de "vigilancia ilegal de grupos civiles, opositores políticos y agencias gubernamentales", en referencia a las "chuzadas" por parte del DAS.

El DAS "vigiló a periodistas, sindicalistas, la oposición política, y organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos", tanto físicamente como con llamadas, correos electrónicos y datos personales y financieros, recordó el informe.

Varios grupos no gubernamentales denunciaron detenciones arbitrarias y el asesinato de ocho activistas de derechos humanos y de 39 sindicalistas en 2009.

Sin embargo, el Gobierno tomó medidas para proteger a "miles" de sindicalistas, activistas de derechos humanos y otros grupos, dijo el departamento de Estado.

Por otra parte, señaló que los medios de comunicación independientes operaron sin restricciones, pese a que miembros de grupos armados ilegales "intimidaron, amenazaron, secuestraron o mataron a periodistas", que según varias ONGs nacionales e internacionales provocaron la autocensura entre algunos.

El informe anual, que por ley el Gobierno de Washington ha elaborado en los últimos 34 años, ayuda al Congreso en su evaluación de la asistencia económica y militar que EE.UU. otorga al exterior, así como la aplicación de la política comercial y la participación del país en las instituciones financieras multilaterales.